¿Se recuerda del derrame de petróleo ocurrido en el golfo de México donde se derramaron millones de litros de petróleo?, a raíz de ello, el gobierno de los Estados Unidos, esta detrás los pasos de los culpables para buscar las responsabilidades del caso y mitigar de alguna forma lo ocurrido, pero si comparamos ello, con lo que ocurrió con nuestros mineros, acá nos encontramos algo muy distinto, acá estamos frente a una lógica económica y un sistema económico a mi juicio de cierta debilidad, que exige a los empresarios buscar las más altas rentabilidades económicas, menospreciando muchas veces los peligros o costos posibles, buscando los caminos mas cortos para encontrar rentabilidad y en este camino corto, caen en el, los trabajadores y consumidores, ante ello surge para muchos la interrogante de ¿Que tipo de estado necesitamos? ¿Un estado fuerte o uno mas flexible?, con respecto a ello, estimo que independientemente del tamaño de este Estado que buscamos, éste debe tener como eje central, LA DEFENSA de los ciudadanos y en ello obviamente hablamos de nuestros trabajadores, hoy desprotegidos por este afán de la rentabilidad económica de las empresas, porque para estamos con cosas, ante mayor concentración económica en manos de unos pocos, la posibilidad que tiene un simple ciudadano para defenderse frente a ese poder, obviamente desminuye a su mínima expresión y es ahí donde uno espera que el Estado cumpla con su rol, que no es otro que actuar en defensa de este ciudadano desprotegido y no a favor de la empresa.
Además, el rol del Estado, no solo debe ser para incentivar la actividad privada, sino que también, cumplir un rol de FISCALIZACIÓN, porque de lo contrario vamos a tener muchos más accidentes mineros como tristemente ya los hemos vivido en la región, quizás políticamente rodaran más cabezas, pero el daño profundo al derecho ciudadano ya se provoco.
Uno se pregunta donde estuvo el estado cuando los trabajadores de la mina San José reclamaron por el peligro que representaba la mina, bueno simplemente el estado no estuvo y hoy vivimos las lamentables consecuencias.
Si seguimos de esa manera, podríamos ver en un momento al Estado v/s Capital, en una gran precariedad, en fin ojala que no ocurra que el estado pase a ser el mayordomo del capital, porque ahí vamos a estar perdidos como ciudadanos.
jueves, 12 de agosto de 2010
CAMPESINOS VS INDAP
Durante los gobiernos de la concertación se lucho bastante contra INDAP, SI, créalo, especialmente acá en Atacama, para que esta institución, no sacara a remate las propiedades de los campesinos por deudas derivadas de créditos que había otorgaba dicha institución, para proyectos agrícolas en dichos predios, (pero sin la asistencia técnica necesaria, ni el seguimiento respectivo) llegándose en su oportunidad a entregar a la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet una carta de campesinos del sector de San Pedro, comuna de Copiapó, para que incluyera dentro de sus compromisos, el no sacar a remate las tierras por deudas con INDAP, situación que felizmente se logró, pero hoy en día, las nuevas autoridades al parecer piensan lo contrario. Entonces nos preguntamos ¿donde quedan los compromisos de campaña del actual presidente de la república sobre nuestros campesinos y sus tierras?, se debe hacer presente que uno de los compromisos presidenciales era “CHILE POTENCIA AGROALIMENTARIA” y en su detalle establecía que “se pondría de pie a la agricultura para que genere empleos y mejore la calidad de vida del mundo rural. Para ello, promoveremos el acceso al crédito, los insumos, las tecnologías y los mercados de exportación; se aumentaría la inversión en caminos, electrificación, obras de regadío e infraestructura de educación y salud rural; y por último se señaló que se utilizarían todos los instrumentos, con eficacia y oportunidad, para asegurar precios justos y competitivos”.
Hoy el mundo campesino esta realmente preocupado, las nuevas autoridades no se han pronunciado sobre el remate de las tierras por deudas que se contrajeron con INDAP en años anteriores y la preocupación esta, porque muchos de ellos no podrán pagar dichas deudas, como se dice “no tienen de donde” y arriesgan su único bien y a la vez su único capital.
Si bien, este es un tema que se arrastra de otra administración, las nuevas autoridades de INDAP deben pronunciarse al respecto y no enterarse nuestros campesinos que hay que sentarse a conversar cuando llegue la demanda a sus hogares. Uno de los objetivos de este gobierno es liderar la lucha contra la pobreza y generar mayor igualdad de oportunidades, pero los pequeños campesinos de Atacama que están en esta situación, como van a hacerlo sin sus tierras, que son el sustento de sus familias, por ello, digo que es preciso que las nuevas autoridades puedan llegar desde ya a acuerdos razonables, entendiendo la compleja realidad campesina de la zona.
Hoy el mundo campesino esta realmente preocupado, las nuevas autoridades no se han pronunciado sobre el remate de las tierras por deudas que se contrajeron con INDAP en años anteriores y la preocupación esta, porque muchos de ellos no podrán pagar dichas deudas, como se dice “no tienen de donde” y arriesgan su único bien y a la vez su único capital.
Si bien, este es un tema que se arrastra de otra administración, las nuevas autoridades de INDAP deben pronunciarse al respecto y no enterarse nuestros campesinos que hay que sentarse a conversar cuando llegue la demanda a sus hogares. Uno de los objetivos de este gobierno es liderar la lucha contra la pobreza y generar mayor igualdad de oportunidades, pero los pequeños campesinos de Atacama que están en esta situación, como van a hacerlo sin sus tierras, que son el sustento de sus familias, por ello, digo que es preciso que las nuevas autoridades puedan llegar desde ya a acuerdos razonables, entendiendo la compleja realidad campesina de la zona.
El financiamiento municipal, espejo de la injusticia
Hay un consenso que los municipios son una instancia privilegiada para el logro de las políticas públicas, debido a que constituyen una organización pública cercana a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, la forma en que éstos pueden alcanzar sus objetivos, lamentablemente no es igual para todos. En Chile, el financiamiento de las municipalidades es un tema aún no resuelto que provoca mucha percepción de abuso e injusticia y, de hecho, es común la clasificación natural entre municipios ricos y otros pobres. En el especial escenario actual, es evidente que resulta ser un tema fundamental, debido al nivel de responsabilidades que estos enfrentan en ámbitos tan distintos como la educación o la salud, la recolección de residuos o la reparación de vías públicas, reconstrucción, ayuda social, etcétera.
Si consideramos que dentro de los municipios existentes, hay un porcentaje significativo en torno al 48% que no supera el promedio nacional de recursos per capita, entonces, la situación no resulta para nada alentadora. Por ejemplo, el municipio de Vitacura con una población aproximada de 82 mil habitantes, tiene un presupuesto superior a los 31 mil millones de pesos, en cambio Quillota, comuna de la quinta región, con 83 mil habitantes, tiene un presupuesto de 4 mil 890 millones de pesos, o dicho de otro modo, Vitacura tiene 6,3 veces más recursos que Quillota. Y esta última debe atender tres veces la cantidad de alumnos que dicha comuna de la Región Metropolitana. Estas desigualdades se convierten en un problema muy complejo, particularmente en el caso de las comunas pobres, si se consideran los altísimos montos que deben destinar a Educación y Salud.
Ahora si bien se han creado instrumentos que han permitido allegar más recursos a los municipios, como es el Fondo Común Municipal, este no se utiliza en todo su potencial, ya que lo que se destina actualmente resulta del todo insuficiente dado las urgentes necesidades que éstos enfrentan, sobre todo los más pobres. Además, este fondo mayoritariamente proviene de los propios recursos comunales, por ejemplo, el impuesto territorial y/o de los patentes municipales este año serán menores los ingresos por estos conceptos a raíz del terremoto, por lo que se debe compensar e inyectar los 30 mil millones prometidos en la campaña presidencial.
En el fondo el Fondo Común Municipal a mi modo de ver es una manera de repartirse la pobreza o de mejor distribuir la miseria. Peor aún, a este fondo las comunas llamadas ricas aportan en porcentajes casi lo mismo que las comunas pobres: mientras que del impuesto territorial todas las comunas deben destinar un 60%, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura deben aportar el 65%. Copiapó por ejemplo se estima que por Fondo común municipal recibirá este año $ 4.236.000; Caldera $ 1.618.000; Vallenar $ 2.005.000.-
En cuanto a la distribución de este fondo mi crítica apunta a la falta de criterios objetivos y en concordancia con la real vulnerabilidad de las comunas que más necesitan.
Entonces, cuando se cuestiona ácida o duramente la función municipal o los resultados de ésta, se deberían considerar las enormes responsabilidades, funciones y tareas que deben cumplir las municipalidades, al mismo tiempo que la baja recepción de recursos y la poca importancia de los fondos municipales en relación al gasto global del gobierno central. En pocas palabras, se descentralizan las responsabilidades pero no los recursos disponibles, lo que conduce al peor de los mundos pues nadie es finalmente responsable de resolver las necesidades de la población. El gobierno tiene los recursos pero no las responsabilidades y el municipio tiene las responsabilidades pero no los recursos. El problema es que así las cosas avanzan muy poco y las deficiencias educacionales, en salud o en infraestructura, se siguen postergando.
A fines del mes de febrero, ingreso una variable que no estaba contemplada para nadie, que fue el terremoto que afecto al centro - sur del país, y que trajo como consecuencia que el gobierno central tomara diversas medidas en aras de la reconstrucción nacional o mejor dicho en aras de la reconstrucción central del país.
Se anuncio por parte del gobierno el no pago del impuesto territorio en las comunas de las zonas más afectadas, esa medida va a implicar que ingresaran menos recursos al Fondo Común Municipal, que es para muchos municipios la tabla de salvavidas, principalmente para los municipios pequeños. Y para que decir del recorte de presupuesto regional que afecta a las regiones que no se vieron afectadas por el terremoto.
Nuestros municipios de Atacama, que no cuentan con recursos suficientes deben acudir necesariamente a estos Fondos regionales para llevar adelante sus programas de desarrollo.
Si queremos descentralizar, no basta con que el gobierno central se deshaga de sus responsabilidades, también debe asignar los recursos necesarios para que las municipalidades puedan afrontar sus obligaciones. Además, así lo establece la ley. El desarrollo pasa también, como hemos visto, por una mayor disponibilidad de recursos gastados a nivel local y no centralizadamente.
Si consideramos que dentro de los municipios existentes, hay un porcentaje significativo en torno al 48% que no supera el promedio nacional de recursos per capita, entonces, la situación no resulta para nada alentadora. Por ejemplo, el municipio de Vitacura con una población aproximada de 82 mil habitantes, tiene un presupuesto superior a los 31 mil millones de pesos, en cambio Quillota, comuna de la quinta región, con 83 mil habitantes, tiene un presupuesto de 4 mil 890 millones de pesos, o dicho de otro modo, Vitacura tiene 6,3 veces más recursos que Quillota. Y esta última debe atender tres veces la cantidad de alumnos que dicha comuna de la Región Metropolitana. Estas desigualdades se convierten en un problema muy complejo, particularmente en el caso de las comunas pobres, si se consideran los altísimos montos que deben destinar a Educación y Salud.
Ahora si bien se han creado instrumentos que han permitido allegar más recursos a los municipios, como es el Fondo Común Municipal, este no se utiliza en todo su potencial, ya que lo que se destina actualmente resulta del todo insuficiente dado las urgentes necesidades que éstos enfrentan, sobre todo los más pobres. Además, este fondo mayoritariamente proviene de los propios recursos comunales, por ejemplo, el impuesto territorial y/o de los patentes municipales este año serán menores los ingresos por estos conceptos a raíz del terremoto, por lo que se debe compensar e inyectar los 30 mil millones prometidos en la campaña presidencial.
En el fondo el Fondo Común Municipal a mi modo de ver es una manera de repartirse la pobreza o de mejor distribuir la miseria. Peor aún, a este fondo las comunas llamadas ricas aportan en porcentajes casi lo mismo que las comunas pobres: mientras que del impuesto territorial todas las comunas deben destinar un 60%, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura deben aportar el 65%. Copiapó por ejemplo se estima que por Fondo común municipal recibirá este año $ 4.236.000; Caldera $ 1.618.000; Vallenar $ 2.005.000.-
En cuanto a la distribución de este fondo mi crítica apunta a la falta de criterios objetivos y en concordancia con la real vulnerabilidad de las comunas que más necesitan.
Entonces, cuando se cuestiona ácida o duramente la función municipal o los resultados de ésta, se deberían considerar las enormes responsabilidades, funciones y tareas que deben cumplir las municipalidades, al mismo tiempo que la baja recepción de recursos y la poca importancia de los fondos municipales en relación al gasto global del gobierno central. En pocas palabras, se descentralizan las responsabilidades pero no los recursos disponibles, lo que conduce al peor de los mundos pues nadie es finalmente responsable de resolver las necesidades de la población. El gobierno tiene los recursos pero no las responsabilidades y el municipio tiene las responsabilidades pero no los recursos. El problema es que así las cosas avanzan muy poco y las deficiencias educacionales, en salud o en infraestructura, se siguen postergando.
A fines del mes de febrero, ingreso una variable que no estaba contemplada para nadie, que fue el terremoto que afecto al centro - sur del país, y que trajo como consecuencia que el gobierno central tomara diversas medidas en aras de la reconstrucción nacional o mejor dicho en aras de la reconstrucción central del país.
Se anuncio por parte del gobierno el no pago del impuesto territorio en las comunas de las zonas más afectadas, esa medida va a implicar que ingresaran menos recursos al Fondo Común Municipal, que es para muchos municipios la tabla de salvavidas, principalmente para los municipios pequeños. Y para que decir del recorte de presupuesto regional que afecta a las regiones que no se vieron afectadas por el terremoto.
Nuestros municipios de Atacama, que no cuentan con recursos suficientes deben acudir necesariamente a estos Fondos regionales para llevar adelante sus programas de desarrollo.
Si queremos descentralizar, no basta con que el gobierno central se deshaga de sus responsabilidades, también debe asignar los recursos necesarios para que las municipalidades puedan afrontar sus obligaciones. Además, así lo establece la ley. El desarrollo pasa también, como hemos visto, por una mayor disponibilidad de recursos gastados a nivel local y no centralizadamente.
INDULTO BICENTENARIO PARA DEUDORES DICOM
Sabemos que cuando alguien contrae una deuda, por lo general, lo hace porque puede y quiere pagarla. Lamentablemente hay imponderables, eventos inesperados que impiden el pago o lo retrasan. Así, una enfermedad o el accidente de un familiar, la cesantía repentina etc., afectan la capacidad de pago de personas y familias, pero estas situaciones los acreedores no lo entienden. Hoy en día, hay diversas iniciativas de ley que se encuentran actualmente en trámite en el Congreso, todas tendientes a modificar el uso de la información comercial de las personas en Dicom y la protección de los datos personales.
El primer proyecto, ingresado al Congreso en 2006 por un grupo de parlamentarios UDI, busca suspender por un plazo determinado la información comercial de las personas cesantes. La idea es que, desde el momento de la pérdida del trabajo y a petición del cesante, se suspenda cualquier anotación del afectado en los registros de Dicom para que al momento de postular a un nuevo trabajo no sea discriminado por haber ingresado en el período de la cesantía a estos registros. Vencidos los plazos o encontrado un trabajo, toda su información comercial nuevamente se restablece. Este proyecto se encuentra actualmente en segundo trámite en la comisión de Economía del Senado.
En segundo lugar, está el proyecto presentado en diciembre de 2009 por un grupo de parlamentarios de la Concertación, que apunta al tema de las consultas que terceros hacen de la información comercial de las personas y cómo esto incide en los rankings de predicción de las mismas. Según los parlamentarios, es posible que una persona que jamás ha tenido morosidades de ningún tipo, sea calificada en nivel de riesgo alto por el sólo hecho de ser motivo de consultas por parte de terceros. En este sentido, el proyecto de ley busca prohibir la realización de rankings de riesgo comercial sobre la base de variables relativas a la frecuencia de consulta de los datos personales asociados a una determinada persona, incluyendo la entrega a terceros de la información relativa al número de consultas de sus datos. Este proyecto fue aprobado en forma unánime por la Cámara de Diputados en enero de 2010, y hoy se encuentra en segundo trámite en el Senado, donde, eso sí, se le quitó la urgencia a comienzos de marzo. Un proyecto de ley más, podrá decir usted al leer estas líneas, pero lo rescatable de este proyecto patrocinado entre otros por el Diputado Felipe Arboe, es que viene acompañado por un movimiento ciudadano denominado ACCION, con la campaña “FIRMA POR BORAR TU DICOM, que está reuniendo apoyo a nivel nacional para la propuesta de que sean borrados por única vez del registro todos los deudores que actualmente se encuentran allí, y no han sido condenados por delitos económicos, ello como un gesto de inclusión social ad portas del Bicentenario de la República. Lograr la meta de un millón de firmas antes del Bicentenario, para entregarle la propuesta al Presidente Piñera y pedirle el INDULTO BICENTENARIO PARA LOS DEUDORES DEL DICOM, y que además se establezcan las regulaciones para que nunca más el Dicom represente una condena a cadena perpetua a la pobreza, marginalidad y exclusión social.
Al parecer, es más grave tener Dicom que tener antecedentes penales y eso es muy injusto.
El primer proyecto, ingresado al Congreso en 2006 por un grupo de parlamentarios UDI, busca suspender por un plazo determinado la información comercial de las personas cesantes. La idea es que, desde el momento de la pérdida del trabajo y a petición del cesante, se suspenda cualquier anotación del afectado en los registros de Dicom para que al momento de postular a un nuevo trabajo no sea discriminado por haber ingresado en el período de la cesantía a estos registros. Vencidos los plazos o encontrado un trabajo, toda su información comercial nuevamente se restablece. Este proyecto se encuentra actualmente en segundo trámite en la comisión de Economía del Senado.
En segundo lugar, está el proyecto presentado en diciembre de 2009 por un grupo de parlamentarios de la Concertación, que apunta al tema de las consultas que terceros hacen de la información comercial de las personas y cómo esto incide en los rankings de predicción de las mismas. Según los parlamentarios, es posible que una persona que jamás ha tenido morosidades de ningún tipo, sea calificada en nivel de riesgo alto por el sólo hecho de ser motivo de consultas por parte de terceros. En este sentido, el proyecto de ley busca prohibir la realización de rankings de riesgo comercial sobre la base de variables relativas a la frecuencia de consulta de los datos personales asociados a una determinada persona, incluyendo la entrega a terceros de la información relativa al número de consultas de sus datos. Este proyecto fue aprobado en forma unánime por la Cámara de Diputados en enero de 2010, y hoy se encuentra en segundo trámite en el Senado, donde, eso sí, se le quitó la urgencia a comienzos de marzo. Un proyecto de ley más, podrá decir usted al leer estas líneas, pero lo rescatable de este proyecto patrocinado entre otros por el Diputado Felipe Arboe, es que viene acompañado por un movimiento ciudadano denominado ACCION, con la campaña “FIRMA POR BORAR TU DICOM, que está reuniendo apoyo a nivel nacional para la propuesta de que sean borrados por única vez del registro todos los deudores que actualmente se encuentran allí, y no han sido condenados por delitos económicos, ello como un gesto de inclusión social ad portas del Bicentenario de la República. Lograr la meta de un millón de firmas antes del Bicentenario, para entregarle la propuesta al Presidente Piñera y pedirle el INDULTO BICENTENARIO PARA LOS DEUDORES DEL DICOM, y que además se establezcan las regulaciones para que nunca más el Dicom represente una condena a cadena perpetua a la pobreza, marginalidad y exclusión social.
Al parecer, es más grave tener Dicom que tener antecedentes penales y eso es muy injusto.
A raíz del matrimonio homosexual
Días atrás el Senador Fulvio Rossi, en compañía de la Senadora por Atacama Isabel Allende, presentaron en el Congreso Nacional el proyecto de ley que pretende instaurar el matrimonio homosexual en Chile, situación que no me cabe duda es un anhelo de muchas parejas, y dentro de los argumentos que se esgrimieron era que “con ello se estaban estableciendo más derechos, se profundizaba la democracia, y que el derecho a contraer matrimonio, es un derecho inherente a la naturaleza humana". Este proyecto desde su primer día ha generado el rechazo de los parlamentarios de la Alianza, y en la Concertación no ha contado con el respaldo que se esperaba. Unos dicen que esto es antinatural, otros que el país aún no esta preparado, en fin pueden haber tantos argumentos como personas en este país.
Es entendible que haya posiciones diferentes, sabemos que habrá parlamentarios que no compartan este proyecto, pero igualmente son respetables sus posiciones. Pero debe haber una discusión con altura de miras, que los temas tabú se dejen de lado, que no tengamos censuras sobre determinados temas que hace rato ya son una realidad innegable y reconocer que hemos cambiado como sociedad.
Lo bueno de todo esto, es que se abrió la discusión del tema, pero también ya es hora que una vez por todas, también se discuta el tema de LAS CONVIVENCIAS EN CHILE, que hasta la fecha solo han habido tibios intentos para regularizar este tema, por ejemplo en abril del año 2006 se presentó un proyecto de ley que planteaba legalizar la convivencia en pareja, esta iniciativa fue presentada por un grupo de diputados, el texto indicaba que esta unión debía ser estable y continua en el tiempo e indicaba además que “mientras durara la convivencia de una pareja existirá una comunidad respecto de los bienes adquiridos, como sucede con los matrimonios, que los bienes se presumirán de ambos si no se estipula lo contrario al momento de legalizar la unión y con respecto a las pensiones y beneficios de salud, el conviviente tendrá los mismos derechos que la ley asigna a los cónyuges. Para los convivientes una luz dentro del túnel de la desigualdad en este país, pero como siempre todo quedo en nada, una vez el sector conservador del país impidió que esto avanzara.
Hasta la fecha no se ha querido legislar y reconocer esta situación, se habla y se habla de matrimonio, pero NO se les quiere reconocer ningún derechos a los que conviven, ¿En que situación queda aquella persona que por muchos años trabajo a la par y ayudo a salir adelante a su conviviente?.
Mucha gente no cree en el matrimonio y por eso convive, y también eso se debe respetar, lo malo como se es sabido, es que la mujer conviviente no tiene prácticamente ningún derecho y eso se debe remediar.
Es entendible que haya posiciones diferentes, sabemos que habrá parlamentarios que no compartan este proyecto, pero igualmente son respetables sus posiciones. Pero debe haber una discusión con altura de miras, que los temas tabú se dejen de lado, que no tengamos censuras sobre determinados temas que hace rato ya son una realidad innegable y reconocer que hemos cambiado como sociedad.
Lo bueno de todo esto, es que se abrió la discusión del tema, pero también ya es hora que una vez por todas, también se discuta el tema de LAS CONVIVENCIAS EN CHILE, que hasta la fecha solo han habido tibios intentos para regularizar este tema, por ejemplo en abril del año 2006 se presentó un proyecto de ley que planteaba legalizar la convivencia en pareja, esta iniciativa fue presentada por un grupo de diputados, el texto indicaba que esta unión debía ser estable y continua en el tiempo e indicaba además que “mientras durara la convivencia de una pareja existirá una comunidad respecto de los bienes adquiridos, como sucede con los matrimonios, que los bienes se presumirán de ambos si no se estipula lo contrario al momento de legalizar la unión y con respecto a las pensiones y beneficios de salud, el conviviente tendrá los mismos derechos que la ley asigna a los cónyuges. Para los convivientes una luz dentro del túnel de la desigualdad en este país, pero como siempre todo quedo en nada, una vez el sector conservador del país impidió que esto avanzara.
Hasta la fecha no se ha querido legislar y reconocer esta situación, se habla y se habla de matrimonio, pero NO se les quiere reconocer ningún derechos a los que conviven, ¿En que situación queda aquella persona que por muchos años trabajo a la par y ayudo a salir adelante a su conviviente?.
Mucha gente no cree en el matrimonio y por eso convive, y también eso se debe respetar, lo malo como se es sabido, es que la mujer conviviente no tiene prácticamente ningún derecho y eso se debe remediar.
jueves, 5 de agosto de 2010
Siempre inscribir
Una vez llego una señora a la oficina, que llamaremos Isabel, indicando que el día de ayer una persona de nombre Gonzalo, golpea la puerta de su casa y le dice que era el nuevo dueño de la propiedad, dandole un plazo de 1 mes para que la desocupara. Extrañada Isabel le dice que la propiedad la habia comprado hace 5 años ante notario y que no entendia la situacion ocurrida.
Bien, lo que habia ocurrido es que efectivamente Isabel habia comprado ante notario la propiedad, pero no la habia inscrito en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente y el antiguo dueño años despues de haber hecho la venta, contrajo una deuda con un banco y que dejo de pagar, el banco lo demando ejecutivamente y le encontro la propiedad, sacada esta a remate se la adjudica Gonzalo y la inscribe a su nombre.
Para evitar problemas futuros siempre es importante una vez realizada la compraventa ante notario, es inscribir lo antes posible en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Que a usted no le ocurra.
Bien, lo que habia ocurrido es que efectivamente Isabel habia comprado ante notario la propiedad, pero no la habia inscrito en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente y el antiguo dueño años despues de haber hecho la venta, contrajo una deuda con un banco y que dejo de pagar, el banco lo demando ejecutivamente y le encontro la propiedad, sacada esta a remate se la adjudica Gonzalo y la inscribe a su nombre.
Para evitar problemas futuros siempre es importante una vez realizada la compraventa ante notario, es inscribir lo antes posible en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Que a usted no le ocurra.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)