Hay un consenso que los municipios son una instancia privilegiada para el logro de las políticas públicas, debido a que constituyen una organización pública cercana a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, la forma en que éstos pueden alcanzar sus objetivos, lamentablemente no es igual para todos. En Chile, el financiamiento de las municipalidades es un tema aún no resuelto que provoca mucha percepción de abuso e injusticia y, de hecho, es común la clasificación natural entre municipios ricos y otros pobres. En el especial escenario actual, es evidente que resulta ser un tema fundamental, debido al nivel de responsabilidades que estos enfrentan en ámbitos tan distintos como la educación o la salud, la recolección de residuos o la reparación de vías públicas, reconstrucción, ayuda social, etcétera.
Si consideramos que dentro de los municipios existentes, hay un porcentaje significativo en torno al 48% que no supera el promedio nacional de recursos per capita, entonces, la situación no resulta para nada alentadora. Por ejemplo, el municipio de Vitacura con una población aproximada de 82 mil habitantes, tiene un presupuesto superior a los 31 mil millones de pesos, en cambio Quillota, comuna de la quinta región, con 83 mil habitantes, tiene un presupuesto de 4 mil 890 millones de pesos, o dicho de otro modo, Vitacura tiene 6,3 veces más recursos que Quillota. Y esta última debe atender tres veces la cantidad de alumnos que dicha comuna de la Región Metropolitana. Estas desigualdades se convierten en un problema muy complejo, particularmente en el caso de las comunas pobres, si se consideran los altísimos montos que deben destinar a Educación y Salud.
Ahora si bien se han creado instrumentos que han permitido allegar más recursos a los municipios, como es el Fondo Común Municipal, este no se utiliza en todo su potencial, ya que lo que se destina actualmente resulta del todo insuficiente dado las urgentes necesidades que éstos enfrentan, sobre todo los más pobres. Además, este fondo mayoritariamente proviene de los propios recursos comunales, por ejemplo, el impuesto territorial y/o de los patentes municipales este año serán menores los ingresos por estos conceptos a raíz del terremoto, por lo que se debe compensar e inyectar los 30 mil millones prometidos en la campaña presidencial.
En el fondo el Fondo Común Municipal a mi modo de ver es una manera de repartirse la pobreza o de mejor distribuir la miseria. Peor aún, a este fondo las comunas llamadas ricas aportan en porcentajes casi lo mismo que las comunas pobres: mientras que del impuesto territorial todas las comunas deben destinar un 60%, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura deben aportar el 65%. Copiapó por ejemplo se estima que por Fondo común municipal recibirá este año $ 4.236.000; Caldera $ 1.618.000; Vallenar $ 2.005.000.-
En cuanto a la distribución de este fondo mi crítica apunta a la falta de criterios objetivos y en concordancia con la real vulnerabilidad de las comunas que más necesitan.
Entonces, cuando se cuestiona ácida o duramente la función municipal o los resultados de ésta, se deberían considerar las enormes responsabilidades, funciones y tareas que deben cumplir las municipalidades, al mismo tiempo que la baja recepción de recursos y la poca importancia de los fondos municipales en relación al gasto global del gobierno central. En pocas palabras, se descentralizan las responsabilidades pero no los recursos disponibles, lo que conduce al peor de los mundos pues nadie es finalmente responsable de resolver las necesidades de la población. El gobierno tiene los recursos pero no las responsabilidades y el municipio tiene las responsabilidades pero no los recursos. El problema es que así las cosas avanzan muy poco y las deficiencias educacionales, en salud o en infraestructura, se siguen postergando.
A fines del mes de febrero, ingreso una variable que no estaba contemplada para nadie, que fue el terremoto que afecto al centro - sur del país, y que trajo como consecuencia que el gobierno central tomara diversas medidas en aras de la reconstrucción nacional o mejor dicho en aras de la reconstrucción central del país.
Se anuncio por parte del gobierno el no pago del impuesto territorio en las comunas de las zonas más afectadas, esa medida va a implicar que ingresaran menos recursos al Fondo Común Municipal, que es para muchos municipios la tabla de salvavidas, principalmente para los municipios pequeños. Y para que decir del recorte de presupuesto regional que afecta a las regiones que no se vieron afectadas por el terremoto.
Nuestros municipios de Atacama, que no cuentan con recursos suficientes deben acudir necesariamente a estos Fondos regionales para llevar adelante sus programas de desarrollo.
Si queremos descentralizar, no basta con que el gobierno central se deshaga de sus responsabilidades, también debe asignar los recursos necesarios para que las municipalidades puedan afrontar sus obligaciones. Además, así lo establece la ley. El desarrollo pasa también, como hemos visto, por una mayor disponibilidad de recursos gastados a nivel local y no centralizadamente.
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